El jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo mantuvieron reuniones virtuales con representantes de 17 provincias para que se sumen al plan anunciado la semana pasada que favorezca el depósito de ahorros en dólares sin declarar. Los mandatarios provinciales dejaron entrever hasta ahora sus dudas sobre el programa y el bonaerense Axel Kicillof y el santafesino Maximiliano Pullaro se apuraron en advertir que mantendrán los controles.
En el caso de Tucumán, fue el ministro de Economía, Daniel Abad, quien representó a la provincia, puesto que el gobernador Osvaldo Jaldo "no pudo participar debido a compromisos de agenda", de acuerdo a lo señalado por la información difundida por la Secretaría de Comunicación Pública. También formaron parte del encuentro el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.
Sobre la reunión, el ministro señaló: “La Nación hace una propuesta en relación a sacar los dólares del colchón para que la gente pueda usar esos dólares y gastarlos para incrementar el consumo, con algunas particularidades que nos harán llegar con el proyecto de ley que nos proponen”.
En ese sentido, detalló: “Desde las provincias planteamos dudas en cuanto a cómo se va a implementar, algo muy similar al blanqueo anterior. Las dudas surgen porque hay montos en juego, ley penal tributaria, ley de procedimiento fiscal, tecnicismos que nos han aclarado y que seguramente quedarán plasmados en los documentos que firmaremos en junio”.
Se trata de un primer acercamiento por parte de la Casa Rosada a los mandatarios locales, con influencia en los diferentes bloques en el Congreso, antes de enviar los proyectos de ley que forman parte de la segunda etapa de este programa. No obstante, se aclaró que no se trató la cuestión parlamentaria durante este encuentro virtual, sino que “se abordaron solamente de cuestiones técnicas”.
De acuerdo a lo precisado por Caputo, las personas, tanto físicas como jurídicas, podrán, por ejemplo, ingresar al sistema el equivalente en cualquier moneda a 50 y 30 millones de pesos, respectivamente, sin tener que precisar el origen de los fondos y sin que la entidad bancaria deba informar sobre esa transacción a ARCA.
Sin embargo, esta es solo una parte del paquete de medidas, que también incluye una segunda etapa que consiste en la presentación en el Congreso de diferentes proyectos para otorgar garantías legales a quienes se incorporen al nuevo régimen, elevando el umbral a partir del cual se considera configurada la evasión fiscal.
Presencias y desencuentros
En el primer zoom participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Abad, por Tucumán.
Luego, en una segunda estuvieron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz) y representantes por Córdoba y Entre Ríos.
Los únicos mandatarios provinciales que no participarían del zoom de este martes son Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Kicillof (Buenos Aires), Pullaro (Santa Fe), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Jorge Macri (CABA), aunque algunos de ellos podrían sumarse en los próximos días de manera presencial.
Presión a las provincias
Esto se suma a la decisión que dio a conocer el vocero presidencial Manuel Adorni sobre un nuevo Convenio de información de Arca con las Provincias. En dicho documento se anunció que ARCA va a eliminar los regímenes de información con las provincias que "se nieguen a darle la libertad a los argentinos de administrar como quieran su dinero".
Además, agregaron que las provincias que no adhieran a este nuevo sistema perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que superen los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000).
Los gobernadores esperan la letra chica del flamante plan de Reparación histórica de los ahorros de los argentinos. En el Gobierno quieren evitar un desaire de los mandatarios provinciales que pueda tener implicancias en las expectativas del mercado, limar el liderazgo del Presidente Javier Milei o limitar el funcionamiento del programa con el que el que Economía pretende tener más actividad registrada.
Pierden todos
El abogado tributarista y profesor de la Universidad Austral, Diego Fraga, opinó que el esquema puede generar "tensiones políticas" y hasta un "intento de judicialización" por parte de algunas provincias.
Sin embargo, aseguró en diálogo con el portal El Cronista que esto es "inviable". "Lo que se busca es permitir que esos dólares -que ya están fuera del circuito formal- se vuelquen a la economía. No son fondos que hoy estén tributando. Si siguen vigentes los controles orwellianos de ARCA, directamente no se usarían, y con eso pierden todos: Nación y provincias", opinó Fraga.
A pesar de ello, el tributarista lanzó una advertencia: "Para que el plan sea creíble y tenga seguridad jurídica, debe pasar por el Congreso".
"Ahí sí será necesario el apoyo de legisladores provinciales, incluso de aquellos que hoy se muestran críticos. Si no hay ley, todo dependerá de resoluciones administrativas o tolerancias informales, con el riesgo de que no haya masa crítica para que funcione", remarcó.